Con la promulgación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile (Ley 21.719), cualquier error en el tratamiento de esta información trasciende el daño reputacional. Hoy, su negocio se expone a multas de hasta 20.000 UTM y a la eventual suspensión de sus actividades de tratamiento de datos por un plazo de hasta treinta días. En la práctica, una sanción de esta envergadura puede paralizar por completo su operación comercial, sus ventas o la gestión de sus recursos humanos.

1. Saneamiento de Bases de Datos: Auditoría de Licitud

Poseer una base de datos con miles de clientes deja de ser un activo seguro si no es posible demostrar legalmente cómo y para qué se obtuvo dicha información. El nuevo principio de «licitud y lealtad» exige a las empresas acreditar de forma proactiva la base legal de todo tratamiento de datos.

La Ley 21.719 eliminó las «fuentes de acceso público» como un cheque en blanco para recopilar información. En la actualidad, es imperativo respaldar sus operaciones en fundamentos jurídicos robustos, tales como el interés legítimo, la ejecución de un contrato o el consentimiento expreso.

¿Cómo le ayudamos?

• Auditoría: Revisamos sus bases de datos actuales para garantizar que cada registro cumpla con el nuevo estándar normativo.
• Evaluación de calidad: Verificamos si los consentimientos obtenidos en el pasado fueron verdaderamente libres, específicos, inequívocos e informados.
• Campañas de re-enrolamiento jurídico: Si sus bases de datos antiguas no cumplen con las exigencias actuales, diseñamos estrategias para recolectar nuevos consentimientos

2. Gestión de Derechos ARCOP: Asesoría Especializada en Privacidad

La nueva legislación otorga a los ciudadanos un control sin precedentes sobre su información mediante los derechos ARCOP: Acceso, Rectificación, Cancelación (Supresión), Oposición y Portabilidad. Como empresa, ignorar o gestionar de forma ineficiente a un cliente que solicita ver sus datos o exige la eliminación de su perfil comercial ya no es una opción.

Infracciones como omitir una respuesta, exceder el plazo legal de 30 días, fallar en el bloqueo temporal de los datos en 2 días hábiles, o denegar una petición sin causa justificada, son catalogadas por la ley como graves o gravísimas.

¿Cómo le ayudamos?

• Estructuración de canales: Implementamos protocolos internos para que su empresa responda a estas solicitudes de forma expedita, ágil y gratuita, a través de medios sencillos como un correo electrónico o un formulario web.
• Optimización administrativa: Le ayudamos a integrar los procedimientos necesarios para que el ejercicio de estos derechos no se convierta en una carga inmanejable ni en un flanco abierto para recibir multas millonarias por parte de la nueva Agencia de Protección de Datos.

3. Blindaje con Proveedores: Contratos de «Encargado de Tratamiento»

La externalización de servicios —utilizando proveedores de almacenamiento en la nube, agencias de marketing, pasarelas de pago o empresas de logística— es una práctica habitual que requiere compartir los datos de sus clientes. La legislación chilena define a estos proveedores como «Terceros mandatarios o encargados», quienes procesan la información por cuenta de su empresa.

El gran riesgo regulatorio radica en que, si su proveedor sufre un ciberataque, filtra la información o utiliza los datos para fines propios, la ley le hará responsable solidariamente por los daños ocasionados. Considerando que un alto porcentaje de las vulneraciones de seguridad ocurre en la cadena de suministro, el control contractual es indispensable.

¿Cómo le ayudamos?

• Auditoría y negociación: Redactamos y negociamos contratos estrictos de encargo de tratamiento con sus proveedores actuales y futuros.
• Estándares de ciberseguridad: Exigimos contractualmente la implementación de medidas de seguridad de la información acordes al estado actual de la técnica, salvaguardando así la supervivencia de su negocio.